Hemos entrado en la era de la ebullición global y mientras a la mayoría de adultos eso parece no importales, niños, niñas y jóvenes peruanos ya están actuando para enfrentar la crisis climática ydefender la Amazonía.
Un grupo de escolares ha demandado al Estado para exigirle que detenga la deforestación para el año 2025. Foto: Félix Contreras/La República
La tarde del pasado 25 de julio, en la Corte Superior de Lima ocurrió algo excepcional. Un grupo de adolescentes, de entre 12 y 15 años, se presentó de manera virtual ante el juez Iván Cabrera, del Décimo Juzgado Constitucional, para sustentar una demanda de amparo que busca obligar al Gobierno peruano a detener, cuanto antes, la deforestación en la Amazonía.
Sus nombres son Emilia Becerra (15), Héctor Delgado (15), Laura Ruiz (15) y Camila Ruiz (12). Son estudiantes del colegio José Antonio Encinas de Magdalena. Y están frustrados y enojados.
A pesar de su corta edad, llevan años escuchando a las autoridades peruanas anunciar que tomarán medidas para proteger los bosques amazónicos, la mayor reserva de carbono del mundo y el lugar con la mayor biodiversidad. Y se sienten engañados.
—Hay un montón de cosas firmadas en el papel —dice Héctor—, pero es evidente que no están funcionando, porque hemos llegado al punto más alto de deforestación de los últimos 20 años.
Los adolescentes sostienen que se ha vulnerado su derecho constitucional a un medio ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida y que están bajo amenaza sus derechos a la vida, a la salud, al agua y a la dignidad humana.
Con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la ONG Kené, están pidiendo que el Poder Judicial reconozca a la Amazonía peruana como un ente sujeto de derechos y que le ordene al Gobierno incorporar objetivos concretos, con recursos, en las políticas ambientales, con el fin de reducir a cero la deforestación en esa zona para el año 2025.
La cruzada que han iniciado no será fácil. En la audiencia judicial, vía Zoom, no faltaron las miradas condescendientes de parte de los abogados de las instituciones demandadas —la PCM y varios ministerios— e, incluso, alguno de ellos se atrevió a comparar su demanda con un “proyecto escolar”.
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